La Plataforma por la Ubicación Racional de las Energias Renovables ha estado cuantificando la implantación de plantas fotovoltaicas entre las diferentes provincias, comarcas y municipios.
El principal dato que se ha extraido es una desigualdad en la implantación entre comarcas y municipios.
Este dato es importante ya que las plantas fotovoltaicas crean muy pocos puestos de trabajo en las comarcas en las que se implantan. Y en muchos casos, pueden restar.
Prueba de este reparto desigual es que sólo dos comarcas (Valle de Ayora y Alto Vinalopó), tienen la misma potencia en tramitación que toda la provincia de Castellón, o la mitad de las provincias de Valencia y Alicante.
La Comarca con mayor potencia en Mw en tramitación es el alto Vinalopó, con 1866,59 Mw, casi la mitad de la potencia en tramitación de la provincia de Alicante o de la provincia de Valencia, pues ambas tienen una potencia en tramitación de unas 4.000 Mw.
Le sigue en la lista, con 1.102,87 Mw, el Valle de Ayora, ¼ de la potencia de toda la provincia de Valencia. En tercera posición está el Vinalopó medio con 988,70 Mw de potencia en tramitación. Las Comarcas de Campo de Alicante, la Plana de Utiel – Requena, la Foya de Buñol, la Ribera Alta y la Vega Baja, tienen plantas cuyo conjunto en potencia en Mw, se encuentra entre 500 y 800 Mw.
Por el contrario hay una serie de comarcas, algunas de ellas, las más pobladas que no alojan ninguna planta. La más significativa es la comarca de València y Horta Oest, seguidas, de la Safor, la Marina Alta i la Ribera Baixa. El racó de Ademuz y Alto Mijares tampoco tienen plantas en tramitación, a pesar de su población. Por último hay comarcas muy pobladas con una cantidad de plantas muy reducidas, como l’Horta Nord que está tramitando 1 planta en Moncada de 3 Mw y l’Horta Sud 3 plantas con un total de 8 Mw.
Por provincias, en el territorio de la provincia de Alicante se están tramitando plantas con un total de .4.564 Mw, Valencia 4.094,46 Mw y Castellón 1.016,97 Mw.
La afección a municipios, igualmente es muy curiosa y desigual. El municipio más afectado, con diferencia, es Villena, con 21 plantas en tramitación, por un total de 1.117 Mw y 1972 hectáreas dedicadas a estas instalaciones, aunque las empresas tengan disponibles hasta 3.543 hectáreas. Las instalaciones de Villena, suponen más de la mitad previsto para toda la provincia de Castellón, por ejemplo, ¼ de lo previsto para toda la provincia de Alicante o Valencia.
Otra localidad afectada es Requena, con 16 plantas que ocuparían 1.261 Hectáreas y 575 Mw. La afección a este municipio es especialmente doliente ya que la viña para transformación en vino crea 6 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas, mientras que las plantas fotovoltaicas, sólo 1 puesto de trabajo por 100 hectáreas.
Por encima de los 400 Mw de potencia en tramitación están Monóvar (439 Mw), Ayora (430,60 Mw) y Orihuela (428,11). Superando los 300 Mw se encontrarían Jarafuel y Zarra y Villar del Arzobispo. En el extremo opuesto, el municipio de Valencia con ninguna planta fotovoltaica. Es curioso que el lugar donde se concentran empresas e instituciones que defienden este modelo, no tenga plantas en su término municipal. Las otras dos capitales provinciales sí albergan plantas fotovoltaicas en tramitación. Alicante tramita diversas plantas con una potencia total de 182 Mw, y Castellón un total de 12 Mw.
La razón para que las plantas se dirijan a ciertas comarcas o municipios está en el precio del suelo. El secano es más barato que el regadío. Otro factor que ayuda a decantarse también por estos municipios es la existencia del latifundio. El Alto Vinalopó y Valle de Ayora tienen amplias extensiones pertenecientes a pocos propietarios y las empresas tienen más facilidad para negociar. Esto se observa también en el municipio de Almansa, en la provincia de Albacete, entre las dos comarcas citadas, y que también está tramitando muchas plantas con una gran extensión de terreno.
Sin embargo, los criterios económicos no tienen porqué ser justos, convenientes o respetuosos con la ley.
A mayor distancia entre los centros de producción y centros de consumo se producen mayores pérdidas de energía, sea por el transporte o los cambios a media y baja tensión, que se pueden cifrar en un 10 % de la energía producida. En este sentido la instalación sobre el lugar de consumo es la alternativa más conveniente.
De otro lado, por la escasa creación de puestos de trabajo, o incluso la destrucción, lo más conveniente es repartir también el coste en pérdida de puestos de trabajo entre todas las comarcas, o incluso que sean las comarcas más pobladas las que hagan mayor esfuerzo.
Por último la ley no avala esta forma de proceder. La ley estatal de cambio climático prevé en su artículo 25 que la implantación de plantas fotovoltaicas “perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico.” Hasta ahora, la ley sólo prevé un cánon de un 2% de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación. Al dejar fuera a los costes de la instalación, el cánon no se notará en las arcas municipales, y difícilmente conseguirá reactivar la economía y combatir el declive demográfico.
Igualmente prevé como principio rector: “d) Cohesión social y territorial, garantizándose, en especial, la armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables respetando los valores ambientales.”
Además esta ley también persigue una transición justa, buscando un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios en dicha transición. Estos principios están en contradicción con la centralización de los perjuicios en unos pocos territorios, fundamentalmente rurales de interior.
La noticia en medios:
https://castellondiario.com/la-coordinadora-denuncia-implantacion-desigual-de-les-fotovoltaicas/